Cámara Chilena de la Construcción propone cambios a la reforma laboral para evitar impactos negativos

El 29 de diciembre del año pasado el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que “moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo”.
Luego de un extenso análisis de los contenidos de esta iniciativa, la Cámara Chilena de la Construcción estima que la reforma laboral generará impactos negativos, tanto transversales a los distintos sectores productivos y a la economía en general como específicamente en las empresas y en los trabajadores que conforman el sector construcción.
Especialmente preocupantes resultan dos medidas que incluye el proyecto de ley: la “titularidad sindical” y la “extensión de los beneficios negociados por el sindicato”.
Ampliación de la Negociación a trabajadores por Obra
Al respecto, el presidente de la Comisión Laboral de la CChC Temuco, Robert Wörner afirma que el gremio estima que esta medida, en primer lugar desconoce la realidad de la actividad de la construcción. En particular, la breve duración de las obras (transitoriedad), característica que ha determinado el tipo de relación contractual prevaleciente en el sector y justificado la existencia de un régimen laboral especial para la construcción.
Además, desconoce la realidad de los trabajadores de la construcción. No considera que éstos negocian permanentemente sus condiciones laborales y salariales, por lo que en el período 2004-2014 las remuneraciones en el sector aumentaron 55% vs. el 33% del promedio nacional, y que la construcción suele ser su mejor oportunidad de desarrollo, debido a su escaso nivel educacional.
Perjudicará tanto a las empresas como a los trabajadores. Afectará a microempresas y PYME de la construcción, que emplean el 81,1% de los trabajadores del sector, los cuales tienen una muy baja posibilidad de reconversión laboral y de incorporarse a otras áreas de la economía.
Finalmente, Afectará la competitividad del sector y del país. Al no promover una mayor productividad en una industria en que ésta es particularmente baja, tal como lo demuestran los estudios del Gobierno. Pero, en cambio, rigidiza las posibilidades de adaptación de la economía frente a escenarios de crisis.
Sindicalización Forzosa
Según Wörner, “Entre los impactos negativos que esto implica, es por ejemplo en los trabajadores, es que se les restringirá su garantía constitucional de libertad individual y sindical al no tener otra posibilidad que sindicalizarse para negociar colectivamente. Y también tendrán menos oportunidades laborales, en especial las personas sin experiencia, por mayores barreras de acceso al mundo del trabajo”.
Así mismo, los empleadores verán limitado su derecho de propiedad, ya que pierden capacidad para asignar libremente el patrimonio de su empresa y, en el caso de los empleadores vinculados a la construcción, tendrán mayor incertidumbre al participar en licitaciones de obras.
Para la CChC también complica la competitividad del país, al no promover una mayor productividad de la economía, sino, por el contrario, rigidizar las posibilidades de adaptación de ésta ante los ciclos contractivos y escenarios de crisis.
Propuestas
En el marco de una reforma laboral con foco en lo sindical, la Cámara Chilena de la Construcción propone que se avance en Erradicar los “sindicatos del día después” y el mal uso del fuero sindical, ya que el proyecto de ley limita la creación de los “sindicatos del días después”, pero nada dice sobre los fueros que subsisten después de una faena. En el caso de contratos por obra o faena, proponemos que se acote el fuero de dirigentes o delegados sindicales a la duración del contrato, evitándose así abusos cuando concluye una obra y no existen posibilidades de proporcionarles más trabajo.

Crear una nueva institucionalidad laboral, la Dirección del Trabajo debe cumplir a cabalidad su rol fiscalizador y, en paralelo, proponemos que se cree una entidad técnica de mediación y arbitraje laboral, independiente de los gobiernos, que dirima las discrepancias que puedan surgir entre el órgano fiscalizador y los empleadores en la interpretación de la ley. Con ello se evitaría la judicialización de las causas y contribuiría a mejorar el diálogo y el clima de confianza entre las partes involucradas.